Este léxico reúne conceptos que atañen a los estudios de género en un sentido amplio, es decir que contempla los paradigmas teóricos feministas, queer, cuir y transfeministas. Sabemos que el lenguaje nos hace sujetos mientras produce mundos, desde el feminismo se han develado sus matices sexistas, pero también el lenguaje es el que nos ha dado las herramientas para pensar otros mundos... posibles. Y allí, desde los feminismos contamos con un paradigma de pensamiento que tiene sus ideas, sus debates y sus polémicas. Las entradas contienen la heterogeneidad propia de un discurso que pendula entre lo académico y lo militante, además de que son entradas dinámicas, en constante actualización. Este léxico ha tomado como base el Nuevo diccionario de estudios de género y feminismos, coordinado por Susana Gamba y Tania Diz, en 2020 y editado por Biblos. Se realiza en el marco del proyecto Ubacyt Intervenciones feministas en la cultura literaria latinoamericana.
El origen de los derechos sexuales y reproductivos debe rastrearse, al calor de las luchas feministas, en la segunda mitad del Siglo XX. Estos debates y reclamos se instalan en el corazón de los modelos políticos económicos neoliberales, con asincronías regionales, y del lento proceso de globalización que se consolida con el correr de los años.
La reproducción social de la vida está en el centro de los DSR y por ello los atraviesan dimensiones políticas, lógicas de poder y biopoliticas que se expresan en ámbitos nacionales, regionales y globales (Maffia, s/f).
En el período de posguerra, en la búsqueda de restaurar los equilibrios políticos y económicos, se establecen estrategias para influir en los comportamientos reproductivos de las personas. Dentro de la lógica del desarrollo económico, se implementan, políticas y programas de Planificación Familiar o Paternidad Responsable que tuvieron como objetivo principal disminuir las tasas de fecundidad, pero no incluyeron la dimensión de los derechos de las personas, especialmente de las mujeres. En paralelo, las luchas por el aborto legal, temas vertebrales de las feministas de los años 70, articularon un mapa de acciones que marcó algunos lineamientos posteriores.
Diversas reuniones internacionales produjeron un escenario propicio para el registro e instalación de la cuestión, en articulación permanente con las luchas locales, nacionales y regionales. El término derechos reproductivos aparece por primera vez. en la Organización Mundial de la Salud y en el marco de acuerdos internacionales, en la I Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán en 1968, donde se menciona el derecho fundamental de lxs padres a decidir con responsabilidad el número de hijxs y el intervalo intergenésico (Correa, 2003). Las políticas nacionales sobre planificación familiar se organizan con estos principios. En la I Conferencia de la Mujer (México, 1975), que instituye la Declaración de la Década de la Mujer (1975/85), se ponen en evidencia las diversas opresiones, se redimensiona la noción de patriarcado y se organizan reclamos ante la discriminación. Los derechos humanos son el piso sobre el que pivotean estas demandas y por ello se trata de justicia de género conjuntamente con justicia social. Las metas del Primer Plan incluían para 1980 alcanzar garantías respecto de la igualdad de género en cuanto al acceso a la educación, al trabajo, a la participación política, a la salud, a la vivienda, a la planificación familiar y a la alimentación. Se organizan los Foros de las Organizaciones de la Sociedad Civil que tendrán un papel clave en la articulación entre las demandas nacionales y regionales y el escenario global. A su vez se instituyen en espacios de debates respecto a las diversidades y disputas de sentidos.
En este devenir un punto de inflexión será la década de los 90 del Siglo XX, expresada en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CPD) llevada a cabo en El Cairo, Egipto, en el año 1994. En su Plataforma de Acción aborda cuestiones relacionadas con el crecimiento demográfico lo que incluye la planificación familiar y los derechos y la salud reproductiva centrada en la capacidad de decisión de las mujeres. Dicho Programa define a los derechos reproductivos como el derecho de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos (Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, 1994).
Otro espacio significativo será la V Conferencia de la Mujer (Beijing, 1995) que va a reforzar los principios de las anteriores y en derechos sexuales y reproductivos los de CPD de 1994. Una novedad es la introducción del concepto de “genero”, dimensión estructural para el análisis social. Esta nueva epistemología es clave e incluye todos los géneros en sus luchas para la autodeterminación. La Conferencia adoptó de forma unánime la Plataforma de Acción de Beijing (PAdB), que plantea los puntos críticos que impiden el avance de los derechos de las mujeres. Propone acciones y medidas que deben llevar a cabo Naciones Unidas ( en el orden global) como gobiernos y sociedad civil ( en el orden nacional). En relación a los derechos sexuales y reproductivos la PAdB va a estipular, en el capítulo “Mujer y salud”, el reconocimiento del derecho de las mujeres a controlar todos los aspectos de su salud. Define a la salud reproductiva como un estado general de bienestar físico, mental y social, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos, y no sólo la ausencia de enfermedades o dolencias. La salud reproductiva supone la potencialidad del goce de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y la libertad de decidir si procrear o no. Reconoce, implícitamente, el derecho al aborto aunque no está especificado en la plataforma.
Constituyen el núcleo central de los DSR el acceso a la autonomía y la libertad en la toma de decisiones sobre el propio cuerpo y los proyectos de vida. Del mismo modo, el derecho a recibir información científica y adecuada sobre lo que atañe a la reproducción y la sexualidad en general, sin consideraciones valorativas: garantizar el acceso en el sistema público de salud a la atención del embarazo, parto y puerperio; a los métodos de anticoncepción moderna y segura; a la información y atención sobre enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA así como al aborto a sola demanda de la mujer y/o persona gestante sin requerir ningún tipo de permiso ni autorización. Incluye la salud sexual que supone una concepción más integral de las relaciones personales que trasciende la información. Una población clave por su vulnerabilidad son lxs jóvenes y adolescentes sobre los que caen los prejuicios sociales y morales que los aleja del acceso a un derecho humano básico. Además, garantizar el acceso sin padecer coerción, discriminación o violencia. Estos principios deben regir las políticas públicas y los programas para que dichos derechos estén al alcance del conjunto de la población y permitan organizar una vida segura con dignidad. Esta concepción supone una integralidad e interseccionalidad de derechos para las mujeres y las personas gestantes.
El seguimiento de las plataformas de acción de las conferencias internacionales ha sido, y continua siendo, una tarea de los movimientos feministas globales, con fuerte localización en los países y las regiones. Es importante destacar como estos principios se formulan en los Objetivos del Milenio que configuraran los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los documentos y agendas internacionales son revisados cada cinco años para evaluar los avances, los retrocesos y los vacíos que aún persisten.
Una herramienta clave para la región de América Latina y el Caribe fue el Consenso de Montevideo (2013), que se firmó por los países de la región, como parte del proceso de seguimiento de la Conferencia de El Cairo de 1994( Amnesty International, 2013). Ese documento produce una serie de elementos clave para la demanda efectiva de derechos como la equidad de género, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos e insta a los gobiernos a modificar o actualizar sus legislaciones para garantizar la despenalización y la legalización del aborto.
Con este escenario de fondo, junto con las cambiantes realidades nacionales y regionales, en los últimos años se han producido avances notorios, que han permitido articular una agenda pública de los derechos sexuales y reproductivos y el aborto.
Entre otros, los debates sobre la despenalización y legalización del aborto y sus intentos de retroceso legal en aquellos países que llevan años de implementación. En la región de América Latina y el Caribe aun es una lucha persistente de los movimientos feministas. En los últimos años se han articulado alianzas y estrategias conjuntas para avanzar en el derecho y se han logrado modificaciones en varios países. De modelos completamente restrictivos se ha pasado a modelos de causales y se han organizado presentaciones en los Parlamentos para la legalización. Esta lucha se articula con la de Ni una menos por la violencia supone el acceso restringido a la libre y autónoma decisión sobre los cuerpos. Los avances feministas en múltiples campos y la interseccionalidad que suponen los derechos sexuales y reproductivos han permitido estrategias tanto desde el Estado como desde el propio movimiento. Desde los Estados con políticas que garanticen a toda la población el acceso a la información segura y confiable; a los métodos de anticoncepción; al seguimiento del embarazo, parto y puerperio sin violencia obstétrica; el acceso a la reproducción asistida entre otras cuestiones. Desde los feminismos se han implementado formas de acompañamiento a mujeres para abortar con una pedagogía amorosa y comprensiva.
Estas prácticas han sido posibles debido a los avances tecnológicos como el misoprostol y la mifepristona, que no en todos los países es legal. Este acceso permite poner en primer plano la consideración de las mujeres y personas gestantes a su autodeterminación y apropiarse de una herramienta que las autonomiza del pensamiento médico hegemónico. Del mismo modo las formas organizativas feministas han articulado a profesionales de la salud a favor del aborto para la realización de la práctica en instancias institucionales.
Dado que la información es parte de los derechos, hay que destacar legislaciones que han avanzado en la Educación Sexual Integral en todos los ciclos educativos que, desde la perspectiva de género y derechos humanos, comprenden la sexualidad como inherente a todo el ciclo vital y que es determinante para una vida libre de prejuicio, discriminación y estigmas.
Todos estos avances no han estado exentos de marchas y contramarchas y de una aplicación diferencial por localizaciones (Guttmacher-Lancet Comissión, 2018). En consonancia, la organización de grupos fundamentalistas conservadores, que atacan el plexo normativo de los derechos humanos tanto en el ámbito global como regional y nacional, ponen en cuestionamiento los avances logrados. Utilizan el lenguaje de la ciencia y jurídico y apelan al derecho y la defensa de la vida como un dispositivo de verdad que supone una naturalización del esencialismo biológico pero que entraña proyectos políticos, económicos y sociales de gran envergadura. Como ejemplo la férrea oposición al derecho al aborto; las campañas Con mis hijos no te metas como oposición a la Educación Sexual integral entre otros. Desde su cosmovisión, el enemigo a enfrentar es la “ideología de género” responsable de la desorganización natural del orden social.
Los avances logrados no son una garantía plena ni de acceso ni de sostenibilidad. Los derechos sexuales y reproductivos y el aborto continúan siendo disputados así como los sentidos sobre la dignidad de la vida y la libertad de decidir sobre los propios cuerpos para mujeres y disidencias sexuales.
Amnesty International (2013) Derechos sexuales y reproductivos en América Latina y el Caribe: acuerdo histórico.
Correa, Sonia (2003) Los Derechos Sexuales y Reproductivos en la arena política. MYSU, Montevideo.
Guttmacher –Lancet Commission on Sexual and Reproductive Health and Rights (2018) Acelerar el avance. Salud y derechos sexuales y reproductivos para todos
Maffía, Diana (s/f) Derechos Sexuales y Reproductivos: Algo más que procreación.
S/A (1994) Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. El Cairo, Egipto, 5–13 de septiembre, Doc. de la ONU A/CONF.171/13/Rev.1.
MARIA ALICIA GUTIÉRREZ
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