“Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa.” Alejandra Pizarnik Este léxico reúne conceptos que atañen a los estudios de género en un sentido amplio, es decir que... contempla los paradigmas teóricos feministas, queer, cuir y transfeministas. Sabemos que el lenguaje nos hace sujetos mientras produce mundos, desde el feminismo se han develado sus matices sexistas, pero también el lenguaje es el que nos ha dado las herramientas para pensar otros mundos posibles. Y allí, desde los feminismos contamos con un paradigma de pensamiento que tiene sus ideas, sus debates y sus polémicas. Las entradas contienen la heterogeneidad propia de un discurso que pendula entre lo académico y lo militante, además de que son entradas dinámicas, en constante actualización. Este léxico ha tomado como base el Nuevo diccionario de estudios de género y feminismos, coordinado por Susana Gamba y Tania Diz, en 2020 y editado por Biblos.
El Estado argentino es laico. Un estado laico es neutral en materia religiosa y debe velar activamente por la diversidad de las diferentes cosmovisiones, sean estas religiosas, no religiosas o ateístas.
En este sentido, el Estado argentino es laico, pues su derecho positivo nacional es garante de la libertad de conciencia y de las garantías fundamentales de la igualdad y no discriminación, ya sea para quienes profesen alguna religión o ninguna. El principio de laicidad emana de la Constitución Nacional (CN) de 1853 y de la reforma constitucional de 1994, que eliminó fórmulas tales como que correspondía al Congreso Nacional convertir a “los indios” al catolicismo y que para ser presidente/a o vicepresidente/a de la Nación había que “pertenecer a la comunión católica apostólica romana” y jurar por “Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios”, e incorporó los tratados internacionales de DDHH que garantizan la libertad de conciencia en su artículo 75 inciso 22.
En la Asamblea constituyente de 1853 se había decidido, por amplia mayoría, rechazar las propuestas de que la Constitución Nacional reconociera al culto católico como la “religión del Estado”.
No obstante, funcionarios de los tres poderes suelen fundamentar sus decisiones como si el Estado argentino fuera oficialmente católico, basándose en una interpretación falaz del artículo 2° de la CN: “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. El sostenimiento hace referencia, únicamente, al soporte económico a dicho culto por parte del Estado.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha sostenido históricamente en sus fallos que el Estado argentino es independiente del culto católico: “Según la Constitución Argentina el estado es laico, por más que se acuerde una preferencia o privilegio en favor del culto católico. Está separado de la Iglesia Católica” (Sejean, Juan B. c/ Zaks de Sejean, Ana M. s/ inconstitucionalidad del art. 64 de la ley 2393)
En cuanto a la invocación teísta del Preámbulo de la CN, hay que aclarar que sólo representa un estilo de redacción propio de la época, y que no aclara a que dios se refiere, ni produce consecuencia jurídica alguna.
Con respecto al “Financiamiento estatal de la ICAR”, ésta es la única religión que es sistemáticamente financiada por el Estado argentino. El millonario financiamiento actual surge de decretos-leyes emitidos por la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, aún vigentes, que disponen: remuneraciones y pensiones de obispos, arzobispos y auxiliares (los primeros cobran asignaciones equivalentes al 80% del sueldo fijado para el cargo de juez nacional de Primera Instancia y los segundos el 70%); sueldos a curas párrocos de frontera; viáticos a toda la curia dentro y fuera del país y becas a seminaristas; la creación del Vicariato Castrense – el obispo castrense percibe un salario equivalente a un subsecretario de Estado- y del sistema de capellanías de las Fuerzas Armadas, extendido luego a las Fuerzas de Seguridad (éstos perciben salarios con categoría de oficiales).
A pesar de que esta suma es significativa en valores absolutos, constituye una pequeña parte de la partida abonada mediante el erario público.
A ello se suman condonación de deudas públicas, exenciones impositivas y aduaneras y subsidios a las escuelas católicas que permiten cubrir prácticamente el 100% de los sueldos docentes -que importa, aproximadamente, la mitad del financiamiento estatal del culto-. A su vez, se subsidia la refacción y restauración de templos católicos, concepto que alcanza sumas exorbitantes.
Es de práctica habitual que el Estado nacional, los Estados provinciales y municipales entreguen propiedades fiscales a la ICAR a título de donación o de cesión gratuita por tiempo indeterminado, llegando en algunos períodos a alcanzar tasas de mil inmuebles por año.
Existen otros ítems como el financiamiento de Scholas Ocurrentes, el destino de un tercio del presupuesto del SEDRONAR a la pastoral de la ICAR y donaciones importantes a Cáritas.
El doble privilegio de la ICAR de no rendir cuentas por las sumas públicas que recibe se debe a que el Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 146 y 147) la considera una “persona jurídica pública”, como los Estados nacional y provinciales, municipios y Estados extranjeros; en tanto que las demás iglesias son “personas jurídicas privadas”, como una sociedad anónima, una cooperativa o una mutual.
Es difícil cuantificar con exactitud el déficit que representa para el Estado argentino el sostenimiento de la ICAR, pero un cálculo conservativo permite afirmar que supera los 2,5 millones de salarios mínimos.
Con respecto a los “Feminismos, disidencias e iglesias”, y en base a su posición hegemónica, la ICAR ha exigido históricamente la imposición de su concepción moral en materia de educación, sexualidad y vida familiar.
Así, la sexualidad se convirtió en un terreno en disputa entre, por un lado, las iglesias cristianas -así como ciertos partidos políticos que articulan con estas-, en defensa de la moral sexual basada en los roles conservadores de género y en el modelo de familia heterosexual, diseñada para la reproducción, la educación de lxs hijxs y la asistencia mutua; y por el otro, los feminismos y movimientos de mujeres y de diversidad sexual, en defensa de los derechos a la salud, de disponer del propio cuerpo y de la autonomía para elegir el propio plan de vida.
En esta disputa se juega la autonomía o la imposición dogmática de una moral religiosa a toda la población, en violación al Estado laico.
Se encuentra documentada, a través de la historia, la persistencia de los mismos argumentos religiosos esgrimidos por la ICAR para impedir la conquista de derechos en materia de género y diversidad: creación de registros civiles, matrimonio civil, voto femenino, divorcio, patria potestad compartida, contracepción quirúrgica, educación sexual integral (ESI), matrimonio igualitario, identidad de género, entre otros.
Pero es en la discusión por el derecho a la interrupción del embarazo (ILE e IVE) donde se pone en juego la ruptura del último eslabón de la cadena jurídica con la que, durante siglos, las mujeres fueron sometidas: “(…) la penalización del aborto que pesa sobre la mujer en edad fértil la obliga, todavía, a no tener el derecho al goce. (…) Que la mujer salga de su rol de maternidad, de reproducción, es el último reducto que queda” (Minyersky, 2020).
Si “el fin del Derecho no es ofrecer un brazo armado a la moral” (Ferrajoli, 2002), el Estado jamás puede imponer una moral determinada a toda la ciudadanía; por el contrario, debe asegurar activamente el respeto a la igualdad y a la libertad de conciencia.
Sobre las “creencias y prácticas religiosas en Argentina”, e 2019 se presentó la segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina, producida por el Programa Sociedad, Cultura y Religión del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL, CONICET).
En comparación con la 1° encuesta, realizada en 2008, el estudio demuestra un retroceso significativo de la “adscripción al catolicismo” y un crecimiento de “lxs evangélicxs” y “lxs sin religión” -ninguna religión, atexs y agnósticxs-.
A “nivel educativo”, se observa que lxs evangélicxs representan un porcentaje mayor entre lxs de menor nivel educativo. Y a “nivel etario”, la presencia de lxs jóvenes pesa más entre lxs evangélicxs y lxs sin religión.
Asimismo, aumentó la tendencia a “considerar preferible mantener separada la esfera religiosa de la estatal y a que no debe haber enseñanza religiosa en escuelas públicas”.
En relación al “aborto”, si bien hubo un leve aumento del grupo que considera que no deber estar permitido en ninguna circunstancia, creció mucho más aún la opinión de que las mujeres deben tener derecho al aborto siempre que así lo decidan.
En lo que respecta al “modelo familiar heteronormado”, lxs evangélicxs sostienen las posturas más tradicionalistas.
Gabriela Irrazábal sostiene que “en términos generales se nota un alejamiento de las concepciones patriarcales tradicionales sobre los roles de las mujeres y los varones, así como una mayor aceptación de la diversidad”.
Resulta necesario marcar “la estrategia del desplazamiento argumentativo” efectuado por las iglesias. Ante la conquista de derechos por parte de los feminismos y de la diversidad sexual, se desplegaron múltiples estrategias por parte del sector antiderechos para limitar o revertir los derechos adquiridos, sin presentar propuestas alternativas válidas, más allá de mantener el status quo.
En la región, caracterizada por ser el continente más católico y más desigual, el activismo de la ICAR –en alianza con sectores evangélicos- ha llevado a la unión de las agendas de los feminismos y del colectivo LGBTI+ en el reclamo de la “separación de la sexualidad y la reproducción y de la separación de las iglesias y el Estado”.
Preocupa el crecimiento exponencial en Latinoamérica de la religión evangélica (especialmente las iglesias pentecostales y neopentecostales): instituciones educativas, programas de radio y televisión, apoyo a candidaturas presidenciales y legislativas, y creación de espacios políticos propios. Sostienen la Teología de la Prosperidad, por la que introducen en los sectores más vulnerados la aceptación del neoliberalismo. El ejemplo más paradigmático es Brasil, donde se han infiltrado en varios partidos políticos, llegando a conformar un bloque transversal denominado el “bloque evangélico”.
Luego de la experiencia de la sanción de la ley de matrimonio igualitario en Argentina, la ICAR advirtió que las estrategias de imposición autoritaria de sus principios religiosos y la exposición de sus autoridades resultaban contraproducentes.
Por un lado, este sector conservador participa en los debates públicos a través de organizaciones de la sociedad civil autodenominadas pro vida. Un ejemplo de ello fueron las acciones judiciales llevadas a cabo por la ONG Portal de Belén en Córdoba a fin de impugnar la entrega pública y gratuita de anticoncepción de emergencia; y, más recientemente, su intervención judicial reclamando la inconstitucionalidad del Protocolo de interrupción legal del embarazo que había dictado el ministerio de salud provincial en 2012. En este último caso, si bien el Tribunal Superior de Justicia rechazó en el 2019 el recurso presentado, se demoró siete años su aplicación.
A tal estrategia han sumado más recientemente la creación de asociaciones civiles que se presentan públicamente como aconfesionales. Muchas de las acciones de este sector, para evitar o revertir la conquista de los DDSSyRR, son apoyadas por actores vinculados con la jerarquía católica o de ciertos sectores evangélicos, confluyendo así actores civiles y líderes religiosos (Faúndes, 2013).
En la producción del discurso legal y científico participan, además, universidades y centros de estudios vinculados directamente con la ICAR, como la Universidad Austral (creada por el Opus Dei), la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad del Salvador, entre otras.
Tales organizaciones han modificado su discurso, quitándole el carácter confesional, enarbolando pseudofundamentos legales y científicos y apelando a los derechos humanos, aunque sostengan posturas extremas e innegociables. Se apropian así de términos y conceptos que provienen de los feminismos y la diversidad, generando la ilusión de que se habla de lo mismo, cuando en realidad subvierten por completo su sentido y fuerza política. Hablan de “ideología de género” para abarcar todo lo que está por fuera de la familia tradicional, heterosexual y con fines reproductivos, dicen “salvar las dos vidas” para oponerse a la eliminación de los abortos clandestinos, que conllevan la muerte y la discapacidad de miles de mujeres y personas gestantes cada año en el mundo, y reclaman “con mis hijos no te metas” para sostener el adoctrinamiento infantil en dogmas milenarios acerca de los roles jerárquicos asignados a cada uno de los dos sexos que admiten.
Vaggione (2005) denomina a este desplazamiento argumentativo como “secularismo estratégico”, que permite a los sectores conservadores-religiosos penetrar en la esfera política –espacio que difícilmente podría ser permeado por un discurso basado en la fe y los dogmas católicos- para oponerse a la agenda feminista y de la diversidad sexual, utilizando los canales democráticos para la incidencia política.
Resulta irónica la participación en la arena democrática de los sectores conservadores-religiosos, que históricamente se han opuesto a los principios democráticos y republicanos de la Revolución Francesa. Recordemos que, cuando se sancionó en el país la ley de Creación del Registro Civil en 1884, fue calificada como obra maestra de sabiduría satánica por monseñor Mamerto Esquiú, quien señalaba que los gobernantes que impulsaban esta ley se han amamantado de los pechos de la gran prostituta, la Revolución Francesa. En 2010, la misma iglesia católica argentina calificó a la ley de Matrimonio Igualitario como nefanda, una movida del diablo, que lleva a la destrucción de la familia, y Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, máxima autoridad entonces de la ICAR en el país, solicitó apoyo en los medios de comunicación para lo que denominó como guerra de Dios.
Así, el activismo católico conservador se aleja de un modelo centrado en la jerarquía católica y va tomando la forma de un movimiento social que, desde la sociedad civil, defiende una concepción restrictiva de la sexualidad, articulando actores religiosos y seculares (Vaggione, 2012)
En cuanto a los argumentos, los sectores antiderechos recurren al discurso científico como palabra autorizada, puesto que existe en el imaginario colectivo la idea de que la ciencia es neutral y transparente, como si esta no fuera influida por las estructuras de dominación y subalternidad en base al género, la raza, la etnia, la clase, etc. (Hartsock, 1997).
Hoy en día, la ciencia goza de un prestigio que parece atemporal, pero cuyo significado fue variando a lo largo del tiempo. La ciencia secular profesionalizada nació hace sólo un par de siglos; en siglos anteriores, la ciencia buscaba explicaciones a un universo creado por Dios, sin probar que sus hipótesis coincidieran con la realidad. Algunos de los argumentos presentados por los sectores conservadores como “científicos” son sencillamente falsos u obsoletos, y la estrategia consiste en que sean transmitidos por profesionales (en general, de la medicina) y que sean reiterados constantemente.
Por ejemplo: la ICAR sigue sosteniendo que la anticoncepción hormonal de emergencia es abortiva y que el profiláctico no previene el VIH/sida. En su exposición en el debate por el proyecto de IVE en 2018, el Dr. Abel Albino afirmó que “el profiláctico no protege de nada. El virus del sida atraviesa la porcelana”. Lo que omitió aclarar es que a fines del s. XIX solo se conocían las bacterias; en 1892, un científico francés ideó el filtro de porcelana y observó que separaba a las bacterias pero dejaba pasar a otros agentes infecciosos: los entonces desconocidos virus. Cabe aclarar que la fundación CONIN que preside el Dr. Albino recibe subsidio estatal.
Otras veces, los sectores conservadores-religiosos recogen conceptos efectivamente producidos por la ciencia, pero ocultando otras producciones científicas que no concuerdan con su visión (Faúndes, 2012), estrategia especialmente utilizada en materia de sexualidad.
Es que, tal como afirmaba Kate Millett, el sexo también tiene dimensiones políticas. En el mismo sentido, Foucault (1978) consideró que el concepto de sexo se fue conformando mediante los discursos médico, demográfico y pedagógico llegando a constituir una “unidad artificial”; lo sexual también es un producto de discursos y prácticas sociales en contextos históricos determinados. Así, la sexualidad ha sido utilizada por el “poder biomédico” para lograr el disciplinamiento de los cuerpos y la regulación de las poblaciones.
El discurso del conservadurismo religioso enlaza nociones científicas que confirmen la idea del catolicismo sobre la naturaleza. En este sentido, el poder biomédico determinará qué es natural y qué es contra natura, en base a la concepción binaria y biologicista de los seres humanos, y las identidades que no encuadren con tal concepción serán patologizadas. Tal como sostiene John Stuart Mill, “toda acción humana, comenzando por las curas médicas, modifica la naturaleza”.
ANALIA MAS
L. Ferrajoli (2002), “La cuestión del embrión entre derecho y moral”, Revista Jueces para la democracia. Información y debate, Madrid, núm. 44. - M. Foucault (1978), “Historia de la sexualidad”, vol. I, Harmondsworth: Penguin, p. 154 - F. Mallimaci; V. Giménez Béliveau; J.C. Esquivel, G. Irrazábal (2019), “Sociedad y Religión en Movimiento. Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina. Informe de Investigación”, nº 25. Buenos Aires: CEIL-CONICET- J. M. Vaggione (2005), “Reactive Politicization and Religious Dissidence. The Political Mutations of the Religious in Social Theory and Practice” en Social Theory and Practice, Tallahassee, Florida State University, Vol. 31 Num. 2. P. 165-188- L. Zanatta (2005), “Del estado liberal a la nación católica”, Editorial Universidad nacional de Quilmes.
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