Este léxico reúne conceptos que atañen a los estudios de género en un sentido amplio, es decir que contempla los paradigmas teóricos feministas, queer, cuir y transfeministas. Sabemos que el lenguaje nos hace sujetos mientras produce mundos, desde el feminismo se han develado sus matices sexistas, pero también el lenguaje es el que nos ha dado las herramientas para pensar otros mundos... posibles. Y allí, desde los feminismos contamos con un paradigma de pensamiento que tiene sus ideas, sus debates y sus polémicas. Las entradas contienen la heterogeneidad propia de un discurso que pendula entre lo académico y lo militante, además de que son entradas dinámicas, en constante actualización. Este léxico ha tomado como base el Nuevo diccionario de estudios de género y feminismos, coordinado por Susana Gamba y Tania Diz, en 2020 y editado por Biblos. Se realiza en el marco del proyecto Ubacyt Intervenciones feministas en la cultura literaria latinoamericana.
Acuñado al final de la década del 70 por la feminista y trabajadora sexual Carol Leigh, el término recoge el interés por señalar la dimensión de trabajo contenida en la actividad y ha sido, también, una forma de luchar contra el estigma asociado a la prostitución.
Leigh, alias Scarlot Harlot, acuñó la expresión motivada por el deseo de generar una atmósfera de respeto hacia quienes ejercen la prostitución y con el fin de recuperar el punto de vista de las personas involucradas. El término irrumpió en el contexto de las discusiones feministas acerca de la sexualidad de la Segunda Ola (las llamadas sex wars), al calor de la intensa agitación política de la época y de la aparición de las primeras organizaciones de trabajadorxs sexuales. A Leigh se le ocurrió el concepto cuando, en un encuentro organizado en San Francisco por la agrupación antipornografía Women against Violence in Pornography and Media, ( Organización feminista, creada por Kathleen Barry, Laura Lederer y Diana Russell, que formó parte del movimiento antipornografía estadounidense) se enfrentó al término “industria del consumo sexual”. Este último, le parecía, oscurecía el rol de las prostitutas, y el de ella misma, como agentes de una transacción; las cosificaba y las describía solamente como algo para usar, por lo que buscó un término que pudiera redefinir la prostitución desde la perspectiva de las prostitutas (Leigh, 1997).
La idea de “trabajo sexual” surgió en consonancia con la aparición de las primeras organizaciones y movilizaciones de prostitutas que, en las décadas del 70 y 80, se organizaron contra la violencia policial, la criminalización y la estigmatización, y a favor del reconocimiento de derechos. La emergencia de un movimiento por los derechos de las prostitutas fue posible por la misma efervescencia político-cultural de la época. Algunas prostitutas, como Carol Leigh, Margo St. James y otras, habían estado participando de los movimientos contraculturales, en especial del feminismo. Otras habían formado parte de los inicios del movimiento LGBT y habían participado de los disturbios de Stonewall, como Sylvia Rae Rivera, heroína transgénero que también fue trabajadora sexual. Fue importante, también, la influencia del movimiento por los derechos reproductivos y la legalización del aborto. Así, en esta coyuntura particular, y al tiempo que los feminismos debatían acerca de la sexualidad, el género y el poder (y, con ello, acerca del estatuto de la prostitución y el lugar de las mujeres en ella) y se polarizaba el debate en posturas antipornografía y prosex, se iban conformando los primeros grupos donde las prostitutas podían hablar en primera persona. “Trabajo sexual” y otros significantes (como “puta”, “prostituta”, “meretriz”) fueron disputados y reapropiados por ellas en y para sus reivindicaciones políticas. Fueron, fundamentalmente, formas de intervenir en la arena pública con voz propia.
Al menos dos hitos marcaron el inicio de este movimiento de trabajadoras sexuales. Por un lado, el establecimiento de COYOTE (Call Off Your Old Tired Ethics) en San Francisco en 1973, y, por el otro, la ocupación de la iglesia de Saint Nizier llevada adelante por las prostitutas de Lyon en 1975. COYOTE nació de la mano de la prostituta feminista Margo St. James con el objetivo de descriminalizar la prostitución. Sus integrantes luchaban contra el estigma de “puta” y la etiqueta de “desviadas”; trabajaban por la derogación de todas las leyes contra la prostitución, a favor de situar a la prostitución como una ocupación del área de los servicios y por la protección de los derechos de las prostitutas como trabajadoras legítimas (Jenness, 1990).El 2 de junio de 1975, alrededor de 100 prostitutas ocuparon la iglesia de Saint-Nizier en el centro de Lyon, en Francia. Protestaban contra la represión policial cotidiana y las penas de prisión a las que se veían sometidas por ofrecer sexo comercial. Ocuparon la iglesia por más de una semana y obtuvieron la atención mediática nacional e internacional. Su protesta fue replicada por otras prostitutas en otras ciudades francesas, reclamando también por el cese del hostigamiento policial. Finalmente, el 10 de junio las mujeres fueron desalojadas por la policía y ningún representante del gobierno atendió a sus demandas. La acción de las prostitutas de Lyon llevó a la conformación del Colectivo de Prostitutas Francesas e inspiró tanto una acción semejante en Inglaterra como la creación del Colectivo de Prostitutas Inglesas. Es por la valiente acción de las prostitutas de Lyon que las trabajadoras sexuales –en particular las de Latinoamérica y Europa- celebran el 2 de junio como el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales.
En la década del 80 se formaron organizaciones de trabajadoras sexuales en distintas ciudades norteamericanas y europeas, también en América Latina: en 1982 Ecuador ve nacer la Asociación de Trabajadoras Autónomas “22 de junio”, en 1986 se forma la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay y, en los 80 también, y de la mano de Gabriela Leite, se funda la Red Brasileña de Prostitutas. Así como se formaban cada vez más organizaciones, también se forjaban y renovaban las alianzas con el movimiento feminista. En 1985 se formó el Comité Internacional a favor de los Derechos de las Prostitutas como resultado del Primer Congreso Mundial de Prostitutas que tuvo lugar en Amsterdam ese mismo año. El Segundo Congreso se realizó al año siguiente, en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas. Estos encuentros fueron organizados por la asociación de trabajadoras sexuales de Países Bajos, el Hilo Rojo, y por trabajadoras sexuales y aliadas, entre ellas Margo St. James y Gail Pheterson. El Comité elaboró el primer Estatuto mundial de los derechos de las prostitutas que proponía la despenalización de todos los aspectos de la prostitución adulta, la regulación de las terceras partes de acuerdo a los códigos de comercio, la garantía a los derechos humanos y las libertades civiles de las prostitutas, la denuncia y exclusión de revisiones sanitarias obligatorias que históricamente funcionaron como modo de control de quienes ejercen la prostitución, el acceso a los mismos beneficios sociales que la ciudadanía en general, y el combate a la estigmatización. La lista de organizaciones de trabajadorxs sexuales a lo largo y ancho del globo fue incrementándose cada vez más. En Latinoamérica y el Caribe es notoria la proliferación de nuevas organizaciones en los años 90 y 2000, lo que respondió no sólo al acceso a financiamiento internacional- en particular alrededor de las conferencias mundiales sobre VIH- sino también a los procesos de consolidación de la democracia. Además, muchos de estos países contaban con antecedentes locales. En Argentina, por ejemplo, si bien la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina surgió en el inicio de la década del 90, en los años 70 y 80 Ruth Mary Kelly, una prostituta feminista que ejercía su oficio en el puerto de Buenos Aires, defendió los derechos laborales de las trabajadoras del sexo y propuso la creación de un sindicato de prostitutas.
Así las cosas, “trabajo sexual” (y “trabajador/a sexual”) surge como un término amplio que abarca distintas actividades y, por lo mismo, es capaz de tender puentes y lograr alianzas entre quienes se desempeñan en distintos sectores; incluye mujeres, varones, trans y travestis que realizan un sinnúmero de actividades: baile erótico y striptease, dominación y bondage, sexo telefónico o por Internet, producciones porno y prostitución, entre otras. Estas personas no son solo trabajadorxs sexuales, son también madres, padres, tíos y tías, hermanos y hermanas, socias, vecinas, amigas e integrantes de una comunidad. El término “trabajo sexual” aparece, así, como una designación no estigmatizante que se opone a las definiciones neo-abolicionistas de la prostitución que la consideran inherentemente violenta y, consecuentemente, designan como víctimas a las personas que la ejercen. A diferencia de términos como “mujer prostituida” o “en situación de prostitución”, que adhieren a la definición neo-abolicionista y remarcan que ninguna persona elegiría involucrarse en la prostitución, la idea de “trabajo sexual” reconoce el trabajo y las decisiones que las personas hacen y toman. Ello no significa que el trabajo sexual no contemple distintos grados y combinaciones de coerción, explotación, resistencia y agencia, así como intersecciones complejas entre género, clase, raza, sexualidad, etnia y edad.
Durante mucho tiempo el término “prostitución” fue visto como una categoría neutra que describe la práctica de sexo remunerado. Si bien sigue siendo utilizado en políticas públicas, investigación y escritura académica, muchxs investigadorxs creen que la categoría de “prostituta” es peyorativa. Así, desde que Leigh acuñara el término, “trabajo sexual” y “trabajador/a sexual” se han vuelto expresiones cotidianas y no estigmatizantes, y han sido utilizadas tanto en el activismo como en salud pública, ciencias sociales y humanas, y otras disciplinas académicas. Dentro de los activismos a favor de los derechos de las y los trabajadores del sexo, otros significantes han sido también recuperados y reapropiados, como por ejemplo “puta”, de forma tal de eliminar el estigma y reclamar orgullo en su identificación. A partir de la década del 90, comenzaron a conformarse las redes que conectan organizaciones de trabajadorxs sexuales de distintas latitudes en pos de la defensa de sus derechos. Así, en 1992 se formó la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NWSP), una red de organizaciones de trabajadorxs sexuales de países de África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe y Norteamérica. En 1997 se formó la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe, a partir de un encuentro en Heredia, Costa Rica. Actualmente su Secretaría Ejecutiva regional se encuentra en Argentina. Aunque las reivindicaciones del movimiento internacional de trabajadorxs sexuales no sean absolutamente homogéneas, en general coinciden en la demanda de descriminalización de todos los aspectos de la prostitución adulta, en el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo, en la erradicación del estigma social, y en la defensa integral de los derechos humanos de lxs trabajadorxs sexuales. De aquí que estas organizaciones se expresen públicamente en contra de los modelos de regulación de la prostitución (prohibicionismo, reglamentarismo, abolicionismo y neo-abolicionismo) que no consideran al trabajo sexual como trabajo. Proponen, en cambio, distintas iniciativas que se han conocido como “descriminalización”, o como el “modelo de legalización” o “modelo laboral”.
Este modelo plantea el reconocimiento de la oferta de servicios sexuales como una actividad económica legítima y su legalización se entiende, también, como forma de acabar con la clandestinidad, la violencia y la marginalidad en la que viven las personas que realizan trabajo sexual. Pondera la ampliación de los derechos civiles y humanos de estas personas, defendiendo las libertades individuales y el derecho al trabajo. En sus distintas variantes, el modelo puede proponer la legalización de la prostitución por cuenta propia y/o ajena, el derecho a la compra de servicios sexuales y la licitud del comercio sexual. Ningún país lo ha implementado en estado puro. Algunos países como Alemania, Australia, Nueva Zelanda y Holanda han legalizado el sexo comercial pero con distintas limitaciones, y no siempre respondiendo a los intereses de las organizaciones de trabajadorxs sexuales. Desde el ideal del modelo laboral no se busca mantener el orden público ni controlar la industria del sexo y a quienes trabajan en ella, sino que se busca el reconocimiento de derechos laborales. Se asume que la reivindicación de la ciudadanía laboral es una garantía contra la pobreza, la marginación, los abusos de poder y la explotación (Maqueda Abreu, 2009). En este modelo las personas que ejercen el trabajo sexual no son conceptualizadas como víctimas, ni desviadas, ni peligrosas, son vistas como sujetos de derechos y trabajadoras. Es también interesante señalar que distintas autoras han planteado que las organizaciones que defienden este modelo (en tanto tipo ideal) no lo hacen simplemente desde un discurso liberal de mercado –que bien puede estar presente- sino fundamentalmente desde un discurso de reivindicación y reconocimiento de derechos para las y los trabajadores sexuales en tanto colectivo históricamente marginado.
Ha de remarcarse que, desde el modelo que propugnan las organizaciones de trabajadorxs sexuales, el trabajo sexual refiere a la prestación voluntaria y negociada de servicios sexuales remunerados. Así, resulta obvio que la prestación coercitiva de servicios sexuales no constituye trabajo sexual. Como quedó plasmado en el Manifiesto de L@s trabajador@s sexuales en Europa (realizado en Bruselas en 2005 y con la participación de 120 trabajadorxs sexuales de 26 países), el sexo no consentido no es trabajo sexual, es violencia. Otra cuestión que las organizaciones sostienen desde este modelo es la posibilidad de negociar (precios, servicios, etc.) y de elegir a los clientes. Señalan que cuando esto no sucede, no es que se trata de algo propio del trabajo sexual sino que ello responde a las condiciones en que se lleva adelante y a los contextos en los que tiene lugar: pobreza, racismo, consumos problemáticos, deficientes condiciones de trabajo, entre otras, son las principales dificultades señaladas. Los reclamos de reconocimiento de derechos son llevados adelante por las asociaciones de trabajadorxs sexuales en distintas actividades y también con motivo de las fechas conmemorativas, las que varían dependiendo de la parte del globo en que se encuentren. Las organizaciones de trabajadorxs sexuales conmemoran el 2 de junio el Día internacional del o la trabajador/a sexual, el 17 de diciembre el Día internacional para eliminar la violencia contra las trabajadoras sexuales y, recientemente también, el 3 de marzo el Día por los derechos de lxs trabajadorxs sexuales. Como se señaló ya, el 2 de junio conmemora la lucha de las prostitutas de Lyon. El 17 de diciembre se recuerda a las trabajadoras sexuales víctimas del asesino de Green River en Seattle, y el objetivo del día es llamar la atención sobre las violencias a las que están sometidas las trabajadoras del sexo. El 3 de marzo, por su parte, hace referencia al aniversario de un festival a favor del reconocimiento del trabajo sexual que tuvo lugar en Calcuta en el año 2001 y al que asistieron más de 25000 trabajadoras sexuales a pesar de los intentos de los grupos contrarios al trabajo sexual de impedirlo.
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Maqueda Abreu, M.L. (2009). Prostitución, feminismos y derecho penal. Granada, Comares.
DEBORAH DAICH
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