Léxico crítico de estudios de género y feminismos

Nota de alcance

El cuidado es un elemento central del bienestar humano. Comprende un conjunto de actividades directas de atención personal e indirectas –como el trabajo doméstico requerido para tal atención-. Se trata de una actividad indispensable para la reproducción social, y para sostener nuestras vidas, nuestro entorno y nuestro mundo que incluye cuidados físicos, emocionales y sociales y puede dedicarse a otras personas o a nosotrxs mismxs.
El concepto de cuidado es heredero de los debates sobre trabajo reproductivo –doméstico y no remunerado. Dicha perspectiva ha sido muy significativa en la teoría social por distintas razones: por ilustrar los vínculos entre las esferasproductiva y reproductiva; por considerar a las actividades domésticas y de cuidado realizadas dentro del hogar constituyen un “trabajo” (rutinario e invisible); por dar cuenta de la profunda desigualdad que existe en la distribución del mismo y por iluminar su papel fundamental para el sostenimiento de la sociedad capitalista.
Si bien todo el mundo necesita cuidados a lo largo de la vida y todas las personas contamos con la capacidad de cuidar, su provisión es profundamente desigual. La carga de cuidados se concentra entre las mujeres de manera desproporcionada (Esquivel, Faur and Jelin, 2012). Los resultados de las encuestas de uso del tiempo son elocuentes: en todos los contextos, la participación de las mujeres en tareas domésticas no remuneradas y su costo horario en este trabajo es mucho mayor al de los hombres. La Organización Internacional del Trabajo estimó que el 76,2% del total de horas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en todo el mundo es aportado por las mujeres. La dedicación al trabajo reproductivo y no remunerado es además significativamente más importante que su aporte general al mundo del trabajo remunerado (OIT, 2019). Esto demuestra que la visión tradicional de las mujeres como esposas, madres y cuidadoras entra en tensión con su autonomía económica, en especial cuando ingresan al mercado de trabajo remunerado.
Las desigualdades de género en la asignación de cuidados intersectan con otras inequidades: socioeconómicas, étnicas, de estatus migratorio, etcétera, redundando en un patrón de desigualdad que afecta de forma particular a las mujeres más pobres y desaventajadas de la sociedad. Ello demuestra que en la asignación de responsabilidades domésticas y de cuidados, la perspectiva cultural sobre a quién le compete cuidar se entrelaza con relaciones de poder y jerarquías prevalentes en las distintas sociedades. De ahí que la redistribución social de los cuidados constituya un programa ético y político indispensable para modificar la estructura de las desigualdades sociales.
En última instancia, el cuidado constituye una disposición que, lejos de ser instintiva o “natural”, se aprende, se practica y se perfecciona en su mismo ejercicio (Tronto, 2015). Si hilamos más fino, es en el reconocimiento y en el cuidado del otrxs en donde se construye una ética que va más allá de la actividad material (alimentar, educar o bañar a alguien) para ingresar en un entorno de sentidos e interacciones más sutiles. Ese ejercicio que garantiza y al mismo tiempo supera el sostenimiento de cuerpos, para otorgar un plus de dignidad a los sujetos.

La organización social y política del cuidado
Comprender el cuidado como parte de una organización social abre un espectro analítico diferente al del trabajo doméstico/reproductivo, en la medida en que nos obliga a trascender el espacio de la esfera doméstica y considerar el modo en que distintas instituciones estatales y mercantiles actúan como proveedoras de cuidado, y el impacto de esa configuración sobre el bienestar de la sociedad. Dentro o fuera del hogar, la provisión de cuidados puede ser remunerada o no. De hecho, el cuidado de las personas suele requerir la combinación de trabajo remunerado y no remunerado.
Los cuidados se desarrollan en distintos ámbitos: las familias, el Estado, el mercado y las comunidades, pilares que Shahra Razavi caracterizó como el “diamante de cuidado” (Razavi, 2007). Esta figura simboliza el rol y la interacción de las cuatro instituciones mencionadas. Mientras las familias, los mercados y las comunidades son proveedoras de servicios, el Estado cumple el doble papel de proveer y regular la manera en la cual se asignan y distribuyen los cuidados en determinada sociedad. De modo que la regulación por parte del Estado resulta crucial en relación a cuál será la participación de familias, mercados y comunidades en la organización social del cuidado.
No hay una modalidad unívoca de configurar roles, responsabilidades e interacciones de cada una de las instituciones del “diamante”, sino que estas difieren, en contextos históricos y políticos particulares. En esta dirección, las investigaciones feministas se abocaron a identificar el modo en que la orientación de las políticas sociales (herramientas capaces de apuntalar diferentes regímenes de bienestar) actúa en la configuración de las relaciones sociales y de género, mediante los mecanismos que les son propios, ya sea a través de la provisión de servicios y transferencias estatales o bien, de la asignación de responsabilidades a las instituciones del mercado, la comunidad y las familias –y, a su vez, atribuyen posiciones diferenciales a hombres y mujeres–. Esta labor ha iluminado una zona inexplorada por gran parte de los seguidores de la teoría de los Estados de bienestar, al dar cuenta del rol del Estado en la construcción de determinados modelos familiares y en los efectos que sus políticas tienen sobre la vida de las principales cuidadoras, esto es, las mujeres.
De ahí se desprende que un análisis del bienestar estaría incompleto si se omitiera cómo se produce y organiza el cuidado en una sociedad determinada, y de qué forma intervienen en esa construcción los marcos legales e institucionales vigentes y el funcionamiento de los mercados (de trabajo, de bienes y de servicios), y cuáles son sus potenciales efectos para los sujetos.
Por ejemplo, cuando el Estado recorta servicios, estos son suplidos por los hogares, las comunidades o los mercados. En esa acción, se profundizan desigualdades socioeconómicas y de género preexistentes. Así, en los países del sur, las prácticas de cuidado comunitario y familiar resultan centrales para el sostenimiento de la vida en los sectores populares, mientras que los hogares de mayor poder adquisitivo tienden a mercantilizar los cuidados que alternan con la vinculación de la atención familiar. Por el contrario, cuando la provisión de servicios e infraestructuras estatales se incrementa, esto facilita la redistribución del trabajo de cuidados y la relativa disminución de la carga sobre las familias (esto es: sobre las mujeres). Lo cierto es que, en ocasiones, los límites entre estas instituciones no son rígidos ni estáticos. Por ejemplo, en muchos casos el Estado subsidia a instituciones del mercado o a organizaciones de la sociedad civil que proveen cuidados, haciendo porosa la frontera entre instituciones (Faur, 2014).
De tal modo, los análisis del nivel macrosocial conllevan de­safíos conceptuales y metodológicos diferentes que los que analizan la división sexual del trabajo en el interior de los hogares. La interacción entre distintas instituciones participa de una compleja dinámica entre la oferta de servicios de cuidado y su demanda. En la misma, se entrelazan aspectos culturales, tanto como desigualdades sociales, económicas y de poder.
Poner en juego la relación entre la oferta y la demanda, así como sus marcos institucionales, culturales y sociales permite avanzar en la investigación empírica. En esta dirección, el concepto de “organización política y social del cuidado” alude a la configuración que surge del cruce entre las instituciones que regulan y proveen servicios de cuidado y los modos en que los hogares de distintos niveles socioeconómicos y sus miembros acceden, o no, a ellos (Faur, 2014).

Bienestar y políticas de cuidado
Imprescindibles como son, los cuidados arrastran numerosas desigualdades que necesitamos desandar. Al establecer determinada arquitectura institucional en relación con la protección de los derechos y asignación de responsabilidades de la ciudadanía, el Estado puede actuar como un gran nivelador de oportunidades, mediante la provisión de recursos y servicios públicos. Para ello, es necesario que las políticas de cuidado se diseñen, implementen y evalúen incluyendo una perspectiva de género, clase e interseccionalidad, capaz de superar la inercia de la cultura familiarista y maternalista (ver XX en este volumen).
Tres son los elementos centrales mediante los cuales las políticas sociales pueden cubrir las necesidades de cuidado las familias. Éstos son: 1) tiempo para cuidar, 2) dinero para cuidar, y 3) servicios para el cuidado. Dichos elementos se presentan en distintas formas y articulaciones en las políticas de protección social de contextos nacionales específicos y tienen distintas implicaciones en su capacidad de transformación de relaciones de género.
A su vez, las políticas de cuidado requieren incluir la consideración de las personas que realizan trabajos de cuidado de manera remunerada. Los estudios sobre este vasto sector de trabajadorxs reflejan la importante heterogeneidad que existe en su interior. Lxs trabajadorxs de la educación y la salud vinculados a provisiones estatales disfrutan de una mayor protección, mientras que lxs trabajadorxs de casas particulares y de espacios comunitarios experimentan condiciones de trabajo mucho más precarias (OIT, 2019). En tanto el horizonte de las políticas de cuidado debe orientar a la transformación de las agudas desigualdades presentes en la organización social y política del cuidado, será necesario no solamente apuntalar la profesionalización de estxs trabajadorxs sino además, reconocer sus derechos.
Siguiendo a la CEPAL y ONUMujeres (2020) las políticas de cuidado deben fundarse en los principios de universalidad, solidaridad, autonomía y corresponsabilidad social. Ello implica la intervención de las familias, el Estado, el mercado y la sociedad, y la corresponsabilidad en términos de género.
Tomadas en su conjunto, el marco de la Triple R, desarrollado por Diane Elson (2017) constituye una orientación conceptual para analizar la capacidad transformadora de las políticas de cuidado. En esta dirección, se debe reconocer el cuidado y las relaciones de poder imbricadas en su asignación; reducir el tiempo dedicado al cuidado no remunerado mediante la disminución de la carga de trabajo individual y colectiva y redistribuir la carga de cuidados no remunerados mediante la promoción de la corresponsabilidad entre géneros y la participación de diferentes instituciones en su oferta (principalmente Estados, mercados y comunidades).
En América Latina, Uruguay define el cuidado como el “cuarto pilar de la protección social”. País pionero en la creación de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) de América Latina, mediante la Ley No. 19353 de 2015, jerarquiza y nivela al cuidado a la par de los tres pilares históricos de los sistemas de la región: la educación, la salud y la previsión social.
En última instancia, en el mediano y largo plazo, para desmantelar las profundas desigualdades observables en la organización social y política del cuidado, y ampliar los derechos y la autonomía de las mujeres y otras personas responsables de cuidar, será necesario consolidar políticas (y/o sistemas) de cuidados robustos, diseñados con enfoque de género, interseccionalidad y derechos. Ello supone la inversión en infraestructuras de cuidados, la revisión de la organización social del trabajo remunerado y, de manera más abarcativa, la integración sistemática del cuidado en los procesos de planeación macroeconómicos, sociales y de derechos. Asimismo, será necesario promover un profundo cambio cultural, mediante políticas de comunicación basadas en el principio de igualdad de derechos y corresponsabilidad social de los cuidados.

Nota bibliográfica

ONU. Mujeres y CEPAL (2020) Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de Covid-19. Hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación. Disponible en: https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/08/cuidados-en-america-latina-y-el-caribe-en-tiempos-de-covid-19
Elson, D. (2017). Recognize, Reduce, and Redistribute Unpaid Care Work: How to Close the Gender Gap. New Labor Forum. Volume: 26 issue: 2, page(s): 52-61. 
Esquivel, Valeria; Faur, Eleonor y Jelin, Elizabeth (eds.) (2012) Las lógicas del cuidado infantil. Entre las familias, el estado y el mercado. Buenos Aires, IDES-UNICEF-UNFPA. https://cddhh.ides.org.ar/files/2012/06/Las-l%c3%b3gicas-del-cuidado-infantil.-Entre-las-familias-el-Estado-y-el-mercado.1.pdf
Faur, Eleonor (2014) El cuidado infantil en el siglo XXI. Mujeres malabaristas en una sociedad desigual. Buenos Aires, Siglo XXI editores
OIT (2019). El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente, Ginebra. https://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_737394.pdf 
Razavi, Shahra (2007). The Political and Social Economy of Care in a Development Context. Conceptual Issues, Research Questions and Policy Options, Gender and Development Programme Paper Number 1, United Nations Research Institute for Social Development, Geneva. http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/2DBE6A93350A7783C12573240036D5A0/$file/Razavi-paper.pdf
Tronto, Joan C. (2015) Who Cares? How to reshape a democratic politics. Cornell University Press.

mención de responsabilidad

ELEONOR FAUR